El asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos y la explosión de artefactos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, ocurridos con un día de diferencia, volvieron a poner sobre la mesa la reconfiguración criminal en Cúcuta y su área metropolitana. Aunque las autoridades no vinculan ambos casos ni les atribuyen un mismo responsable, los dos hechos se suman a una seguidilla de episodios violentos que mantienen en alerta a la ciudad fronteriza.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema: entre enero de 2020 y septiembre de 2026 se registraron 1.971 víctimas de sicariato en Norte de Santander, de las cuales 1.340 estuvieron en Cúcuta. El año más crítico fue 2025, con 434 víctimas en el departamento y 275 en la capital, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 los registros bajaron a 198 y 137, respectivamente.
Más de 23 bandas se disputan rentas ilegales en la capital nortesantandereana
La discusión sobre la violencia en Cúcuta se reactivó después de hechos recientes como el carro bomba que explotó frente al comando de la Policía de Norte de Santander en agosto y los ataques con drones contra instalaciones policiales en otros municipios del departamento. Esos episodios, ocurridos con características distintas, reflejaron la presión que enfrenta la Fuerza Pública en una región atravesada por el conflicto armado, las economías ilegales y la pelea por el control de rentas.
Para el politólogo cucuteño Fabio Torres, lo que vive la ciudad no es solo una ola de hechos aislados. A su juicio, se trata de una transformación de fondo que mezcla violencia coyuntural, disputas territoriales y control de economías ilegales. “No, es una reconfiguración sin duda, que se expresa en violencia coyuntural, pero no es una coyuntura, es un hecho de fondo”, dijo.
Torres relacionó ese fenómeno con tres décadas sin un proyecto común de desarrollo territorial y con la expansión de estructuras armadas y urbanas. También señaló que el crecimiento de los cultivos de coca y la capacidad de producción y salida desde el Catatumbo convirtieron el área metropolitana en un espacio de circulación de dinero y lavado de activos. Según su lectura, son más de 23 bandas o grupos armados los que se disputan el control territorial en la capital nortesantandereana, incluidos algunos de carácter transnacional.
Frontera, denuncias y elecciones bajo presión
El abogado y defensor de derechos humanos Yefri Torrado advirtió que Norte de Santander funciona como corredor de economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico, además de delitos como la trata de personas, la trata de migrantes y la minería ilegal. En Cúcuta, agregó, hay señales de lavado de dinero y posibles vínculos de esas estructuras con la contratación pública.
- La docente e investigadora Olga Marina Sierra sostuvo que la falta de coordinación entre Colombia y Venezuela favorece a la delincuencia organizada.
- También dijo que el cierre fronterizo de siete años fortaleció el crimen organizado y diferenció los pasos formales de las trochas, donde circulan actividades ilícitas.
- En la frontera entre ambos países hay más de 2.200 kilómetros.
- Carlos Martín Rojas reportó más de 190 denuncias y quejas en 2026 ante la Fiscalía y la Procuraduría por su veeduría sobre contratos públicos.
- El 12 de octubre de 2026, un sicario disparó contra la fachada de su clínica en Cúcuta.
La violencia también alcanzó a la prensa y a los liderazgos sociales. La Fundación para la Libertad de Prensa y Free Press Unlimited advirtieron sobre riesgos para periodistas y para el acceso ciudadano a la información; la FLIP documentó al menos 52 agresiones contra la prensa en 2026 en el departamento, incluidas 30 amenazas. Además, reportó los asesinatos de Cristian Herrera, el 6 de junio, y Jaime Vásquez, en abril de 2024.
De cara a las elecciones de 2027, la Misión de Observación Electoral alertó que desde enero de 2025 se agravó el conflicto en el Catatumbo por la disputa de rentas ilegales. Jairo Oviedo, coordinador de la MOE en Norte de Santander, señaló que en Cúcuta operan organizaciones urbanas que hacen alianzas o entran en disputa y que están detrás de buena parte del sicariato. La MOE registró 30 situaciones de riesgo y violencia contra líderes sociales entre enero y septiembre de 2026.
La respuesta institucional ya empezó. Desde el 29 de octubre, más de 500 soldados realizan patrullajes conjuntos con la Policía, puestos de control y requisas en distintos sectores de Cúcuta. El alcalde Jorge Enrique Acevedo respaldó la medida y anunció la llegada de otros 350 uniformados como refuerzo. A partir del 3 de noviembre también comenzarán las operaciones Esparta y del Bloque de Seguridad Urbana, enfocadas en golpear a las estructuras criminales y sus fuentes de financiación.
Con información de El Tiempo.