En medio de las denuncias por torturas en Venezuela y del regreso de María Corina Machado al país, Delcy Rodríguez aseguró esta semana que ordenó a los cuerpos de seguridad no practicar detenciones sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia. Esa declaración coincidió con nuevos señalamientos sobre abusos cometidos durante los años del chavismo y con los cargos que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos por presunta conspiración para cometer actos de tortura contra opositores políticos.
Maduro y Flores se declararon no culpables en Nueva York a mediados de este mes. En ese escenario, EL TIEMPO habló con Kelvi Zambrano, abogado venezolano y coordinador de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia de Venezuela, uno de los juristas que impulsó la causa en Estados Unidos. Zambrano explicó cómo se abrió la vía de la jurisdicción universal y por qué, según él, la magnitud de los hechos no permite calcular una cifra exacta de víctimas.
Cómo avanzó la acusación en Estados Unidos
Zambrano afirmó que él, junto con José Farín Valderrama y el activista Vilca Fernández, presentaron una solicitud ante el Departamento de Justicia para que iniciara una investigación bajo el principio de jurisdicción universal. Dijo que la gestión se activó después de verificar que Nicolás Maduro estaba en territorio estadounidense y que también habían acudido antes a funcionarios del FBI, quienes les pidieron información de algunas víctimas para entrevistarlas.
Según el abogado, la base jurídica fue el Estatuto Federal contra la Tortura de Estados Unidos, adoptado tras la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura de la ONU. Explicó que, para juzgar a un extranjero por torturas cometidas fuera del país, la norma exige que el presunto torturador esté en suelo estadounidense, sin importar dónde se encuentre la víctima. Añadió que la acusación no se limita al delito aislado, sino que examina la estructura que lo habría permitido.
El jurista sostuvo que la fiscalía tendrá que reforzar el caso con más pruebas y pedir al juez que autorice nuevas declaraciones de víctimas o la intervención de expertos. También dijo que la defensa podría intentar alargar el proceso y buscar un acuerdo o una medida como casa por cárcel, algo que, según señaló, no debe descartarse en el sistema estadounidense.
Las torturas y la dimensión de las víctimas
Zambrano aseguró que las pruebas se apoyan en alocuciones públicas de Maduro y en casos como el del dron, en el que, según dijo, a los detenidos se les indicó que respondían a órdenes presidenciales. También indicó que en el expediente se citan la Misión de Determinación de Hechos, la Organización Mundial contra la Tortura y la CIDH.
Sobre las víctimas, afirmó que ninguna organización está en capacidad de determinar en este momento cuántas personas fueron torturadas. Dijo que pueden hablarse de centenares de casos y mencionó patrones que, según su relato, incluyeron aislamiento prolongado, incomunicación, mala alimentación, privación de agua, celdas de castigo sin luz solar ni ventilación, golpes, electricidad, actos lascivos, desprendimiento de órganos, sangrados profusos y abortos provocados.
El abogado agregó que la ausencia de atención médica oportuna también puede constituir tortura y dijo que han identificado 27 personas fallecidas bajo custodia del Estado por esa causa. Como antecedente en Estados Unidos, mencionó el caso de un ciudadano de Gambia de apellido Correa, declarado culpable el 15 de abril de 2025 de cinco cargos de tortura y condenado el 22 de agosto a 67 años y seis meses de prisión.
Zambrano también señaló que la pena prevista en el Estatuto Federal contra la Tortura puede ir de 20 años a cadena perpetua e incluso pena de muerte, decisión que quedará en manos del gran jurado de Nueva York. Ahora, según explicó, la fiscalía deberá presentar más pruebas y avanzar con la etapa judicial en la que podrían comparecer víctimas y expertos.
Con información de El Tiempo.