El polémico proyecto de Ley de Sometimiento a la justicia, impulsado bajo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella, ha encendido las alarmas de la opinión pública y los sectores alternativos en el Congreso. La oposición denuncia de frente que el articulado, lejos de desmantelar las estructuras criminales, actúa como un “cheque de impunidad” redactado a la medida de los grandes capitales ilícitos del narcotráfico.
La mayor indignación radica en el tratamiento benévolo a los eslabones financieros de las mafias: los lavadores de dinero y testaferros, cuyas condenas ordinarias podrían desplomarse de forma alarmante si se aprueba el texto definitivo.
Un golpe al sistema judicial: Penas ordinarias sustituidas por impunidad
En la legislación colombiana actual, el lavado de activos y el testaferrato con fines de narcotráfico son castigados con severidad, acarreando penas intramurales que oscilan formalmente entre los 22 y 30 años de prisión. Sin embargo, la nueva propuesta gubernamental plantea un esquema de rebajas escalonadas y suspensiones condicionales que desvirtúa por completo el espíritu punitivo del Estado.
- El beneficio de los 3 años: Diversos legisladores de oposición han sentenciado que, bajo ciertas modalidades del proyecto, las penas efectivas para quienes blanquean las finanzas del narcotráfico podrían caer a tan solo 3 años o menos, convirtiéndose en sanciones prácticamente excarcelables o sustituibles por penas de reclusión alternativa.
- Mano blanda camuflada de autoridad: Aunque el ministro de Justicia, Iván Cancino, defiende la norma argumentando que no se trata de una negociación política sino de una “oferta rígida del Estado”, la realidad de los textos discutidos en las comisiones primeras del Congreso evidencia un alivio judicial histórico para los criminales de cuello blanco.
El sometimiento del Estado ante el capital mafioso
“No es una ley para someter a las mafias, es el sometimiento del Estado ante los dueños del capital ilícito”, afirman categóricamente los sectores críticos de la reforma. Miembros de la bancada opositora señalaron que intentar saltarse los límites constitucionales con una ley ordinaria para favorecer a los financistas del narcotráfico equivale a poner al Congreso al servicio del crimen organizado.
La indignación también apunta hacia la política exterior. Mientras el gobierno tramita a toda marcha este beneficio judicial en las plenarias de Senado y Cámara, Estados Unidos ha mantenido un silencio cómplice. Esta pasividad resulta contradictoria para una potencia que históricamente ha condicionado su agenda bilateral a la persecución implacable de las fortunas del narcotráfico y el cumplimiento de las órdenes de extradición.