El Senado de Perú aprobó este 22 de octubre de 2026, la delegación de poderes a la presidenta Keiko Fujimori para que pueda dictar leyes anticrimen sin necesidad de pasar por el Congreso. Esta decisión surge en un contexto de crisis de seguridad nacional, con un alarmante aumento en los homicidios y casos de extorsión. La medida busca mitigar el impacto de estos delitos en la población.
La crisis de seguridad que enfrenta el país es considerada la más grave desde el final del conflicto armado interno. Las cifras de criminalidad han llevado a la administración Fujimori a buscar formas más adecuadas y rápidas de respuesta ante el problema. La aprobación fue un tema candente en el Legislativo, donde diversos sectores expresaron su preocupación sobre el uso de estos poderes.
Se espera que la presidenta Fujimori implemente medidas que refuercen la seguridad ciudadana y mejoren la coordinación entre las fuerzas del orden. La seguridad se ha convertido en la prioridad número uno en la agenda del gobierno, tras la creciente percepción de inseguridad en diferentes regiones del país. Las acciones específicas que tomará Fujimori son aún inciertas, pero se anticipa un enfoque en la lucha contra tanto el crimen organizado como la delincuencia común.