Meta enfrenta en 2026 nuevos frentes judiciales y electorales por el uso de datos y por el papel de sus algoritmos en campañas políticas, un debate que vuelve a poner bajo la lupa a Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. La discusión importa porque involucra denuncias sobre manipulación digital, sanciones millonarias y cuestionamientos sobre el alcance real que tienen estas plataformas sobre la información que circula en internet.
Brasil y Estados Unidos, en el centro del caso
En Brasil, el Tribunal Superior Electoral examina la neutralidad de los algoritmos de Instagram y Facebook tras las denuncias reiteradas de Lula da Silva sobre una supuesta alteración de la información y de la distribución de contenidos en favor de su contendor político. Éden Valadares, secretario de comunicación del PT y miembro del equipo de coordinación de campaña de Lula, dijo a El País de España que “ya no se trata de saber qué intenciones tiene Meta, sino de reconocer que hay una interferencia por parte de ellos”.
Ese malestar llevó incluso a elevar denuncias formales ante la Organización de las Naciones Unidas, en medio de una tensión que vuelve a cuestionar el uso político de estas redes durante procesos electorales. El foco está en cómo se distribuyen los contenidos y en si los algoritmos favorecen determinados mensajes frente a otros.
Al mismo tiempo, la justicia de Estados Unidos impuso a Meta una multa de 25.000 millones de dólares por vulnerar leyes de protección al consumidor. La sanción busca frenar prácticas relacionadas con la recolección masiva de datos privados de usuarios y con el uso de esa información con fines comerciales y políticos.
La demanda de Nuevo México tasó en 43 millones las infracciones atribuidas a Meta dentro de ese proceso legal. La empresa, además, enfrenta cuestionamientos por el impacto de sus plataformas en los menores de edad y por el diseño adictivo de sus aplicaciones, señalado como una forma de aprovechar el uso intensivo para obtener beneficio económico.
Datos, algoritmos y falta de acceso
El punto de fondo, según el debate que mantienen expertos en distintos países, es que gobiernos e investigadores independientes no han logrado acceso a los datos internos de funcionamiento de estas redes sociales ni a la información que recogen. Esa falta de acceso limita la rendición de cuentas pública y dificulta entender con precisión el alcance del daño que pueden provocar.
La discusión también se cruza con el negocio de la microsegmentación publicitaria, que ha ampliado la recolección de información personal hasta el rastreo de ubicaciones móviles en tiempo real y el uso de herramientas de inteligencia artificial para perfilar preferencias políticas. Ese modelo ha sido señalado por su capacidad para organizar audiencias, sobre todo jóvenes, en vísperas de citas electorales decisivas en distintos países.
Meta, por su parte, sostiene que las sanciones e investigaciones contra la compañía buscan restringir la libertad de expresión en internet. La empresa anunció que apelará el fallo en Nuevo México, mientras continúa el pulso entre la regulación estatal, el negocio publicitario y las denuncias por afectaciones a derechos fundamentales.
En este contexto, siguen apareciendo recomendaciones para limitar la entrega de datos en las plataformas de Meta, desde el Centro de Cuentas hasta los ajustes de privacidad del celular, en un momento en el que el debate sobre su poder sigue abierto en varios países. La próxima etapa clave será la apelación anunciada por la compañía frente a la decisión judicial en Nuevo México.