Opinión
El 8 de septiembre, en Barranquilla, el Gobierno de Abelardo de la Espriella firmó con Estados Unidos un marco para asegurar el suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. El canciller Omar Bula y el secretario de Estado Marco Rubio rubricaron el memorando de tierras raras ante el presidente. Se presentó como una oportunidad histórica, pero leído con calma deja más preguntas que certezas.
La primera mirada es para Washington
El punto más delicado es la cláusula llamada First Look, o primera opción de revisión. Según el texto, se espera que Colombia avise con anticipación a Estados Unidos sobre oportunidades de inversión en activos de minerales críticos que estén en venta en el país o que pertenezcan a empresas constituidas aquí. No es una cesión formal de minas, pero sí un trato preferente a un solo socio sobre recursos que el propio país considera estratégicos. ¿Por qué Colombia debe informar primero a una potencia extranjera antes que a su mercado o a otros socios?
Permisos más rápidos, ¿a costa de qué?
El documento señala que ambos gobiernos adoptan medidas para acelerar, simplificar o desregular los permisos de minería, separación y procesamiento. En un país con conflictos socioambientales abiertos, la palabra desregular no es un detalle técnico. Las comunidades, las autoridades ambientales y los municipios tienen derecho a saber qué trámites se van a recortar.
El mapa del subsuelo y los precios
El memorando también prevé cooperar en el mapeo geológico de Colombia y crear mecanismos de precios, incluidos precios mínimos y mercados preferenciales entre quienes cumplan ciertos estándares. Conocer el subsuelo es poder: hay que saber quién controlará esa información y en qué condiciones se compartirá.
Mucha promesa, poca sustancia
La UPME reconoció en su diagnóstico minero de 2026 que el país no registra producción, demanda ni importaciones de tierras raras. Es decir, se firmó un marco sobre algo que todavía no producimos. Además, el texto oficial se firmó solo en inglés: la versión en español será oficial únicamente cuando ambos gobiernos intercambien notas diplomáticas.
La oposición pide control
La congresista Jennifer Pedraza advirtió que el memorando podría ser inconstitucional y vulnerar la soberanía nacional. La senadora Aída Avella acusó al Gobierno de entregar parte de la riqueza del país a Estados Unidos.
Lo que responde el Gobierno
El Ejecutivo sostiene que cada país mantiene la soberanía sobre sus recursos y que el objetivo es agregar valor en Colombia y no solo exportar materia prima. El propio documento aclara que no crea obligaciones jurídicas. Pero precisamente por eso preocupa: un compromiso político que define prioridades sobre recursos estratégicos se tomó sin pasar por el Congreso.
Lo mínimo que debe pasar
Que se publique la versión oficial en español, que el Congreso debata el memorando y que el Gobierno explique qué permisos piensa flexibilizar. La soberanía no se pierde de un día para otro: se va cediendo cláusula por cláusula.
Redacción PostColombia