Más de 9.600 niños y adolescentes en Cauca podrían quedarse sin atención por una controversia contractual entre el ICBF y el CRIC, luego de que el Instituto denunciara presuntas amenazas y presiones relacionadas con los contratos de aporte que vencen el 31 de octubre. La advertencia fue hecha este martes 27 de octubre de 2026 y abre un pulso sobre las condiciones bajo las cuales seguirán prestándose los servicios de atención a la niñez en el departamento.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la organización indígena habría dicho que dejaría de atender a esa población si los nuevos contratos no conservan las condiciones pactadas en los acuerdos actuales. El ICBF respondió que los próximos procesos deben ajustarse a las disposiciones legales que regulan la contratación estatal y rechazó cualquier presión para obtener condiciones particulares fuera de ese marco.
La disputa se centra en la continuidad de los contratos de aporte mediante los cuales se prestan servicios a niños y adolescentes. De acuerdo con el pronunciamiento del Instituto, el CRIC busca mantener el mismo modelo contractual vigente hasta el 31 de octubre para seguir operando los programas.
El ICBF insistió en que una entidad pública no puede tomar decisiones bajo amenazas ni negociar por fuera de las normas aplicables. También afirmó que los recursos destinados a la atención de la niñez deben manejarse con transparencia, equidad y responsabilidad, sin atender exigencias que contravengan el ordenamiento jurídico.
¿Qué está en juego para la atención de la niñez?
La principal preocupación expresada por el Instituto es que más de 9.600 menores de edad queden sin los servicios que hoy se financian con estos contratos. En su comunicado, la entidad cuestionó que la continuidad de los programas pueda convertirse en una herramienta de presión para imponer condiciones especiales en la contratación.
Además, reiteró que la protección de los derechos de la niñez debe orientar sus decisiones y que el uso de los recursos públicos tiene que responder a los fines para los que fueron asignados. Sin embargo, el comunicado no detalló qué programas específicos podrían verse afectados después del 31 de octubre ni precisó un cronograma de medidas para asegurar la continuidad de la atención.
Pese al desacuerdo, el ICBF aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo y concertación con el CRIC. Al mismo tiempo, dejó claro que cualquier decisión sobre los nuevos contratos estará sujeta a la ley y al interés superior de los niños y adolescentes.
La entidad también reiteró que no aceptará privilegios ni excepciones frente a las normas de contratación estatal mientras se defina el futuro de los servicios en Cauca.