Unas 500 personas de la comunidad indígena de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, en Nuquí (Chocó), abandonaron su territorio la tarde del domingo 1.° de noviembre por temor a enfrentamientos y disputas entre grupos armados ilegales. La situación se presentó en medio de un desplazamiento indígena en Nuquí que afectó a niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales.
La Defensoría del Pueblo reportó que las familias permanecen en Jurubirá, una comunidad afrodescendiente, mientras se concreta su traslado. Hasta el momento del pronunciamiento, no habían logrado completar el recorrido hacia la cabecera municipal de Nuquí.
La Defensoría pidió atención humanitaria y transporte seguro
La entidad señaló que la situación requiere atención humanitaria y garantías de movilidad segura para las familias afectadas. También insistió en que debe evitarse que más comunidades salgan de sus territorios por el deterioro de la seguridad en la zona.
En su comunicación, la Defensoría relacionó este desplazamiento con una advertencia hecha dos días antes, mediante un oficio de consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 009 de 2024. Allí había advertido sobre nuevos hechos de violencia tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva.
Las tensiones armadas también ponen en riesgo a Puerto Indio
La institución identificó como principal factor de riesgo la confrontación entre el clan del Golfo, autodenominado EGC, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Según la Defensoría, esa disputa territorial está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades de la región.
Además de Villa Nueva, la preocupación oficial se concentra en Puerto Indio, una comunidad de cerca de 300 personas que estaría valorando desplazarse ante las condiciones de inseguridad. La Defensoría advirtió que este escenario podría extenderse a otras poblaciones del municipio.
- Atención humanitaria para las familias desplazadas.
- Garantías de alimentación, agua potable, salud y alojamiento temporal digno.
- Transporte fluvial y medidas de protección para el traslado seguro.
- Activación de rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado.
- Protección preventiva para los habitantes de Puerto Indio.
La Defensoría pidió coordinar acciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, en articulación con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras. También informó que mantiene presencia institucional en Nuquí, con labores de seguimiento, verificación y coordinación con las autoridades competentes.
Mientras se define el traslado de las familias, la atención sigue puesta en las condiciones de seguridad en Jurubidá y en la posibilidad de que más habitantes de la zona tengan que salir de sus hogares.
Con información de El Tiempo.