El Concejo Distrital de Cartagena comenzó en este tercer periodo de sesiones ordinarias el trámite de la Etapa III del Proyecto de Acuerdo de Depuración Normativa, una iniciativa que busca depurar la normativa local y derogar de forma expresa 360 acuerdos distritales que perdieron vigencia, están desactualizados o chocan con el marco vigente. El proceso, radicado por la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, está encabezado por Milton José Pereira y cierra la fase final de la depuración normativa Cartagena, un ajuste que abarca más de tres décadas de acuerdos en la ciudad.
La administración distrital explicó que este proceso se adelantó con base en la Ley 2085 de 2021, que dio herramientas técnicas a las entidades territoriales para limpiar sus ordenamientos jurídicos con criterios objetivos. Entre esos criterios están la obsolescencia, el cumplimiento del objeto de la norma, la derogatoria orgánica, la pérdida de vigencia temporal y la contradicción con el régimen constitucional actual.
Una revisión por etapas de la producción normativa
La estrategia comenzó en 2025 con el Acuerdo 195, correspondiente a la Etapa I, con la que se revisó la producción normativa expedida entre 2008 y 2023. Luego, a inicios de 2026, el Concejo aprobó el Acuerdo 199, en la Etapa II, con el que se retiraron del ordenamiento casi 200 acuerdos expedidos entre 2000 y 2007.
Ahora, la Etapa III examinó los 527 proyectos de acuerdo aprobados por la corporación entre 1991 y 1999. De ese universo, la Oficina Jurídica identificó 360 disposiciones que, según su evaluación, ya no deben permanecer en el ordenamiento distrital. Pereira dijo que con esta depuración normativa Cartagena deja atrás reglas contradictorias y avanza hacia una gestión pública “más clara y moderna”.
El jefe jurídico del Distrito también afirmó que la primera etapa permitió una “radiografía precisa”, la segunda descargó el marco jurídico de normas contradictorias y esta última busca que todos los acuerdos que gobiernan a los cartageneros estén actualizados. Con este trámite, la ciudad entra en la fase final de una revisión jurídica que ha pasado por normas expedidas durante más de 30 años.
Qué pasa con los efectos de las normas derogadas
Uno de los puntos centrales que la Oficina Jurídica explicó ante los concejales es que la derogación expresa de los 360 acuerdos no borra los efectos producidos mientras estuvieron vigentes. Según la administración distrital, las actuaciones, los derechos adquiridos, los contratos y las decisiones administrativas tomadas al amparo de esas normas se mantienen bajo la seguridad jurídica.
Esos efectos cesarán de manera definitiva a partir de la fecha de sanción y publicación del nuevo Acuerdo Distrital. La oficina también detalló los seis criterios que usa la ley para depurar normas: obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, cumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente en el caso de disposiciones expedidas durante estados de excepción.
Para analistas de gestión pública y gobernanza territorial, retirar del ordenamiento acuerdos caídos en desuso evita inseguridad jurídica y reduce trámites e interpretaciones encontradas entre funcionarios y ciudadanos. Con el trámite de la Etapa III en el cabildo, Cartagena queda a un paso de completar la actualización formal de su cuerpo normativo tras revisar acuerdos de 1991 a 2023.