Helion Jacobo Arends Cerchiaro, actual director de Asuntos Indígenas de Riohacha, denunció penal y disciplinariamente a un fiscal especializado antinarcóticos por una presunta filtración de información reservada que, según él, lo vinculó públicamente con narcotráfico en el caso San Ramón. La queja fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira y la Procuraduría General de la Nación, y busca que se determine quién tuvo acceso a la información y si hubo responsabilidades de servidores públicos u otras personas.
El origen de la controversia está en el lote San Ramón, un predio que ha estado por más de una década en disputa familiar y que ha pasado por procesos judiciales, sucesiones, compraventas, cesiones de derechos y actuaciones sobre su recuperación. Según la composición mencionada en la controversia, la participación en el inmueble está distribuida entre Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S., con 52,9954 por ciento; la Universidad de La Guajira, con 30,3046 por ciento; y Rafael Rojas Orcasitas, con 16,666 por ciento.
De acuerdo con Arends, el 18 de enero de 2023 fue convocado por Lucas Gnecco Bustamante a una reunión para atender una consulta jurídica. El encuentro se realizó en una cabaña de alquiler frente al mar, en el sector conocido como La Raya, donde conoció al entonces fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas, quien le preguntó por el predio.
Arends sostiene que en esa reunión el funcionario dijo ser propietario del inmueble, aunque estaba invadido por familias indígenas wayuu, y que su intención era adelantar una diligencia de desalojo. El director de Asuntos Indígenas afirma que, por su experiencia en estos temas, solo orientó sobre los procedimientos ante la jurisdicción ordinaria y los inspectores de Policía de Riohacha para pedir el desalojo, y que además recalcó la obligación de respetar los derechos de las familias wayuu.
La denuncia por la presunta filtración
En su denuncia, Arends asegura que se trató de una orientación jurídica informal, sin remuneración, y que nunca asumió la representación legal ni participó en actuaciones relacionadas con el inmueble. También precisa que el 28 de marzo de 2023 tomó posesión como director de Asuntos Indígenas del Distrito, cargo que, según dice, no le permite intervenir ante despachos judiciales.
Más adelante, según su relato, conoció publicaciones periodísticas en las que su nombre apareció relacionado “como integrante activo de una organización al servicio del narcotráfico”. Señala que esa información habría salido del despacho del fiscal especializado y que provenía de una indagación penal que debía permanecer en reserva.
“Según esas mismas publicaciones, el señalamiento proviene de la investigación que adelanta el despacho del fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas, en la que se me habría ‘perfilado’ como parte de esa estructura”, afirma el oficio. Arends añade que nunca ha sido citado a entrevista o interrogatorio, vinculado formalmente a un proceso penal ni imputado por estos hechos.
El funcionario dice que la divulgación de esos señalamientos afectó su presunción de inocencia, su buen nombre, su honra y su intimidad, además de exponerlo al juicio público y generar riesgos para su integridad y la de su familia. “No he sido vinculado a ningún proceso, no se me ha formulado imputación y no tengo condena alguna”, puntualiza en su escrito.
Por estos hechos, presentó denuncia penal contra Rafael Francisco Rojas Orcasitas por los presuntos delitos de revelación de secreto y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. También interpuso una queja disciplinaria y pidió que la Unidad Nacional de Protección evalúe su nivel de riesgo, teniendo en cuenta su condición de víctima del conflicto armado y su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
La denuncia está fechada el 9 de octubre de 2026 y deja en manos de las autoridades competentes el esclarecimiento de la supuesta filtración y la definición de posibles responsabilidades.