La crisis de orden público en la frontera entre Colombia y Venezuela volvió a impactar al sector empresarial de Norte de Santander después del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la alcaldía, ocurrido este lunes 27 de octubre en esa ciudad. El hecho se suma a secuestros reportados en Ocaña y a atentados contra instituciones públicas, y llevó a gremios y autoridades a pedir más articulación frente a la inseguridad en la región.
El Comité Intergremial de Norte de Santander advirtió el mismo 27 de octubre sobre el deterioro del orden público en el departamento y planteó que la situación no puede volverse permanente para los habitantes. En su pronunciamiento, sostuvo que la protección de la vida, la libertad y la integridad de las personas es una responsabilidad del Estado y una condición para la convivencia, la inversión, el empleo y el desarrollo regional.
Los empresarios de la frontera insistieron en que el departamento necesita recuperar la seguridad y la confianza en las instituciones. También pidieron que la problemática tenga la atención y la prioridad necesarias para que las acciones se traduzcan en resultados concretos y sostenibles para la población.
Pedido de mayor coordinación
Gustavo La-Rotta, director de Estrategia de ProCúcuta, afirmó que el Gobierno Nacional debe articular con mayor eficacia la estrategia de seguridad con la región. Señaló que desde ese gremio hacen un llamado para fortalecer de manera inmediata y sostenida las capacidades de seguridad, inteligencia, investigación judicial y control territorial en Cúcuta y Norte de Santander.
La-Rotta dijo que los hechos violentos recientes exigen resultados concretos y que la seguridad, la autoridad, el orden y la justicia son indispensables para proteger la vida y permitir el desarrollo empresarial y social. También advirtió que la inseguridad aumenta los costos de operación, afecta la confianza, genera incertidumbre y puede retrasar decisiones de inversión.
Aun así, destacó que la región conserva ventajas geoeconómicas, productivas, logísticas y fronterizas, y que el reto está en garantizar las condiciones de seguridad para convertirlas en inversión, empleo y crecimiento.
Reacciones por el homicidio
Tras el asesinato de Castellanos, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, rechazó el crimen y pidió a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecerlo. En la misma línea, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación y la Policía Nacional anunciaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables.
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó a la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones para identificar, ubicar y capturar a los responsables. A su vez, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje de condolencias a la familia y pidió que el caso se investigue con celeridad.
También rechazaron el homicidio la excandidata presidencial Claudia López, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación. Todas las voces coincidieron en pedir mayor seguridad en Cúcuta mientras avanzan las investigaciones por el crimen de Miguel Castellanos.