La venta de bienes de Valledupar por 31 millones de pesos quedó bajo la lupa de los organismos de control, tras las denuncias sobre el remate de 33 activos del municipio. La operación incluyó maquinaria pesada, camionetas oficiales y 15 motocicletas, y ahora es revisada por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía.
El caso tomó fuerza por el contraste entre los precios de referencia y el valor en que fueron vendidos algunos de esos bienes, entre ellos una Toyota Prado TXL modelo 2013 que, según la denuncia, fue comercializada en $2’500.000. El exconcejal Jhon Carpio sostiene además que el avalúo habría puesto en cero el valor comercial de los 33 activos y que el precio base se calculó con una fórmula de salvamento equivalente al 1 por ciento.
La Procuraduría abrió indagación y revisa avalúos, autorizaciones y funcionarios
La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Alcaldía de Valledupar para establecer si hubo irregularidades en la comercialización de los bienes públicos. Entre los puntos que ya están bajo revisión figuran los avalúos usados para fijar precios, las autorizaciones requeridas y la participación de los servidores que intervinieron en las distintas fases del proceso.
De acuerdo con Carpio, el lote tenía un avalúo de referencia de 3.072 millones de pesos, pero terminó vendido por una cifra cercana al 1 por ciento de ese monto. También cuestionó que en el proceso SAEB-SGR-001-2026 se hubiera presentado un único oferente y que la visita de inspección a los bienes pasara de ser un requisito habilitante a una diligencia voluntaria en un lapso de una hora.
- 33 bienes fueron vendidos por 31 millones de pesos.
- El proceso incluyó excavadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras y vibrocompactadores.
- También se negociaron vehículos Toyota y Nissan, además de 15 motocicletas.
- La denuncia apunta a una Toyota Prado TXL 2013 vendida por $2’500.000.
El Concejo y la Alcaldía discrepan sobre el momento de la autorización
Otro de los puntos en discusión es la autorización del Concejo de Valledupar para la venta. Según Carpio, la corporación aprobó las facultades casi un mes después de que el proceso hubiera sido adjudicado, lo que generó reparos entre algunos concejales. Jesús Perpiñán afirmó que fueron convocados a deliberar sobre una autorización sin que, a su juicio, se advirtiera que las actuaciones ya se habían ejecutado, mientras Jorge Luis Arzuaga habló de una “novatada” y de una muestra de “desenfreno administrativo”.
El secretario General de Valledupar, Eudes José Orozco, respondió que el trámite se hizo dentro de los tiempos legales. Dijo que la adjudicación ocurrió antes, pero que la firma del contrato quedó pendiente de las facultades del Concejo y que el proyecto de acuerdo contemplaba la formalización contractual de bienes ya dados de baja. “El proceso se adjudicó, pero solo se firmó hasta tanto el Concejo entregara las facultades”, afirmó.
Orozco defendió además que los activos fueron retirados del servicio porque no podían seguir amparados por las aseguradoras, debido a la antigüedad, daños estructurales y modificaciones no autorizadas. Según su explicación, el precio correspondió al concepto de salvamento y al valor residual calculado sobre el 1 por ciento del valor comercial, una metodología que, dijo, responde al estado real de los bienes.
Carpio anunció que llevará sus hallazgos a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y que radicará un derecho de petición para pedir explicaciones. Mientras avanzan esas revisiones, lo que deberá establecerse es si la venta respetó la normatividad sobre enajenación de bienes estatales y si existió o no detrimento patrimonial para el municipio.
Con información de El Tiempo.