La extorsión en Playa Blanca volvió a encender las alarmas en Santa Marta después de que el empresario Juan Carlos Ospino denunciara ante la Asamblea del Magdalena amenazas contra su familia y contra las empresas Taximarino y Centro de Vida. La intervención ocurrió el jueves 29 de octubre y puso sobre la mesa un nuevo episodio de tensión alrededor de la actividad turística en ese balneario y en otros puntos del sector como El Rodadero, Inca Inca y Calderón.
Ospino afirmó que un grupo armado ilegal le exige 100 millones de pesos mensuales para permitirle seguir operando. Según dijo, la negativa a pagar derivó en intimidaciones contra sus allegados y directivos de sus compañías, y la situación llegó al punto de que, según su denuncia, fueron declarados objetivo militar.
Un panfleto, denuncias de trabajadores y una investigación en curso
El caso no se limita a la denuncia del empresario. También circuló un panfleto atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachencas, con señalamientos contra Ospino y contra un abogado identificado por el apellido Lastra. En ese documento se afirma que los supuestos pagos mensuales habrían estado ligados a un acuerdo para controlar actividades turísticas y presionar la salida de otros comerciantes.
La Alcaldía de Santa Marta informó que la Policía y la Fiscalía investigan las versiones conocidas hasta ahora. Las autoridades deberán establecer si hay sustento para las amenazas denunciadas por Ospino, para las acusaciones del panfleto y para los reclamos de los trabajadores que operan en Playa Blanca.
- La denuncia de Ospino fue presentada ante la Asamblea del Magdalena el jueves 29 de octubre.
- La presunta exigencia económica sería de 100 millones de pesos mensuales.
- La Alcaldía dijo que Policía y Fiscalía están investigando las versiones.
- El caso involucra servicios turísticos en El Rodadero, Playa Blanca, Inca Inca y Calderón.
Los reclamos por cerramientos y obras en Playa Blanca
En el mismo sector, prestadores de servicios expresaron preocupación por intervenciones en los espacios donde trabajan. Omar Rico, carpero desde hace más de 25 años, dijo que desde hace dos años enfrenta una problemática que relaciona con actuaciones del propietario del acuario, entre ellas el retiro de tuberías usadas para las carpas. A su juicio, esas medidas buscan presionar la salida de quienes dependen de ese punto para sostener a sus familias.
José Luis Barrio, vendedor de bebidas que asegura trabajar en Playa Blanca desde 2000, señaló una disputa por un lote que, según su versión, usaban los comerciantes para ubicar cavas y hacer labores de limpieza. También Yihana, quien dice llevar 23 años en el sector, manifestó su preocupación por lo que considera intentos de desplazar a pequeños prestadores de servicios y cuestionó permisos de algunas obras, entre ellas un sendero que ejecuta el Centro de Vida Marino.
Las versiones de los trabajadores no demuestran por sí mismas los acuerdos que aparecen en el panfleto, pero sí muestran conflictos abiertos por el uso del espacio y por las condiciones de operación en Playa Blanca. Ese trasfondo se suma a un antecedente de violencia: el homicidio de José Aquilino Sánchez, coordinador de una empresa, ocurrido el 19 de noviembre de 2025.
De acuerdo con lo conocido en ese momento, un sicario ingresó al balneario y le disparó mientras cumplía su jornada laboral. El defensor de derechos humanos y analista del conflicto Lerber Dimas pidió que se revise ese antecedente junto con las denuncias actuales y señaló que las autoridades deben establecer toda la verdad sobre lo que ocurre en la zona.
Por ahora, el punto central sigue en manos de la Policía y la Fiscalía: determinar quién está detrás de las amenazas, qué ocurrió con la supuesta exigencia de dinero y cuál es el origen del documento atribuido a las ACSN. Mientras tanto, persisten los reclamos de seguridad entre empresarios y trabajadores del turismo en Santa Marta.
Con información de El Tiempo.