El Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa un proyecto de decreto para cambiar la forma en que el Estado cubre el riesgo de las pensiones ligadas al salario mínimo, con una propuesta que podría impactar las rentas vitalicias en Colombia y el costo que asumen las aseguradoras cuando las mesadas suben por encima de la inflación. La iniciativa, conocida el 26 de octubre de 2026, plantea dos esquemas de pago para respaldar ese diferencial y ajustar las reglas del sistema pensional.
Según la cartera, el objetivo es modificar el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo, que protege a las compañías de seguros frente al efecto financiero de esos aumentos sobre las pensiones vitalicias. El proyecto reemplazaría el Título 17 del Decreto 1833 de 2016 y ajustaría disposiciones introducidas por el Decreto 1485 de 2025.
Dos opciones para asumir el faltante
La primera alternativa consiste en un pago único equivalente al valor presente actuarial del faltante de la reserva que deben constituir las aseguradoras. Con ese giro, el Estado reconocerían en una sola vez la diferencia financiera asociada con las obligaciones de las rentas vitalicias cubiertas por el mecanismo.
La segunda opción prevé pagos anuales del diferencial de las mesadas, junto con la constitución o actualización de una reserva a cargo de la Nación. En ese esquema, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sería el responsable de la reserva, cuyo cálculo, administración y actualización seguirían criterios de suficiencia actuarial, sostenibilidad, neutralidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El proyecto también señala que la reserva matemática de la Nación tendría calidad de activo admisible para el régimen prudencial de las aseguradoras. Ese punto importa porque las compañías deben respaldar las obligaciones que asumen con pensionados y beneficiarios, y el diseño busca dejar claro cómo se reconoce el respaldo estatal dentro de ese marco financiero.
El cambio que busca contener costos
Hacienda sostiene que el parámetro incorporado por el Decreto 1485 de 2025 podría elevar el capital requerido para financiar pensiones de un salario mínimo en la modalidad de renta vitalicia. De acuerdo con los análisis técnicos y actuariales citados en la propuesta, incluir un componente indexado a la inflación aumentaría de forma importante ese requerimiento y podría presionar la oferta de estos productos.
Las rentas vitalicias son el mecanismo mediante el cual una aseguradora se compromete a pagar una mesada durante la vida del pensionado. Cuando sube el costo de financiarlas, también puede complicarse el acceso a esa alternativa y aumentar la presión sobre el seguro previsional, además de dificultar el traslado de recursos desde el retiro programado hacia una renta vitalicia.
Por eso, el Ministerio propone volver al parámetro técnico basado en el crecimiento real anual de la productividad, como lo recogía el Decreto 036 de 2015. Bajo esa fórmula, el cálculo corresponde al promedio del crecimiento real anual de la productividad acordada por el comité tripartito durante los diez años anteriores a la emisión de la renta vitalicia, con un resultado que no puede ser inferior a 0%.
La memoria justificativa del proyecto calcula que conservar ese parámetro habría generado un beneficio potencial de $4,1 billones, en pesos de 2025, para las rentas analizadas. Ese ejercicio toma como referencia las 107.000 rentas vitalicias inscritas al cierre de 2025 y usa información de la Superintendencia Financiera y de la Oficina de Bonos Pensionales.
El mismo documento estima que el costo fiscal directo adicional de la cobertura, entre 2016 y 2025, habría sido de $0,68 billones frente a lo que se habría pagado con el parámetro introducido en 2025. La propuesta también fija el procedimiento para pedir la cobertura ante la Oficina de Bonos Pensionales, con soportes como el contrato de renta vitalicia y el flujo de mesadas esperado.
Las solicitudes incompletas o con cálculos que no usen el parámetro establecido podrían ser rechazadas y presentarse de nuevo una vez corregidas. Con estos ajustes, Hacienda busca reorganizar un mecanismo clave para el pago de pensiones asociadas al salario mínimo y definir cómo el Estado asume ese riesgo bajo reglas técnicas y fiscales más precisas.