La futura ley de ajuste fiscal, conocida como ley rescate, podría servir para ampliar la base de contribuyentes, reducir la informalidad y reforzar la capacidad de fiscalización de la Dian, sin crear nuevos impuestos. La discusión tomó fuerza en Bogotá, mientras el Gobierno prepara un programa de ajuste de las finanzas públicas que, según el vicepresidente José Manuel Restrepo, se desarrollaría durante cuatro años y que el presidente Abelardo De La Espriella dijo que será radicado en un par de días.
La propuesta fue planteada por Christian Quiñones, CEO de CleverTax Assessment y exsubdirector de Fiscalización de la Dian, quien sostiene que el país tiene margen para mejorar el recaudo con las herramientas tributarias ya existentes. Su enfoque pasa por revisar beneficios fiscales, identificar a quienes tienen obligaciones tributarias y no las cumplen, y evitar que el ajuste se traduzca únicamente en más carga impositiva.
Más contribuyentes y menos informalidad
Quiñones considera que uno de los desafíos centrales de la ley es ampliar la base gravable sin recurrir necesariamente a nuevos gravámenes. En su visión, esa ampliación debe incluir tanto a personas naturales como a quienes desarrollan actividades económicas en la informalidad, pero están obligados a declarar y pagar impuestos.
El exfuncionario recordó que ampliar el universo de personas naturales que declaran renta es una deuda histórica del país. Según dijo, la Ocde ha insistido en la necesidad de aumentar el número de contribuyentes que presentan esa declaración. La línea de fondo, explicó, es cerrar brechas de cumplimiento y lograr que el sistema alcance a quienes hoy permanecen por fuera del control efectivo de la administración.
Para Quiñones, esa tarea exige dotar a la Dian de herramientas suficientes para identificar a los contribuyentes obligados a declarar que hoy no aparecen en el radar fiscal. También defendió que la reducción de trámites puede ayudar a combatir la informalidad, porque facilitaría el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La mejor forma de llegar y atacar la informalidad es con la reducción de trámites”, sostuvo el experto. A su juicio, la simplificación administrativa debería quedar incluida en la futura ley para que las obligaciones fiscales sean más accesibles y el recaudo no dependa solo de cambios en las tarifas.
Revisión de beneficios tributarios
Otro de los puntos que Quiñones pone sobre la mesa es la revisión del gasto tributario, entendido como los recursos que el Estado deja de recibir por exenciones, descuentos y otros beneficios. Considera que varios tratamientos preferenciales deberían evaluarse para establecer si realmente compensan el costo fiscal que representan.
“Esa ley de ajuste fiscal va a tener definitivamente desde la parte técnica o debe tener unas disposiciones que elimine esos beneficios tributarios que hoy en día existen, pero no se ve una contraprestación”, afirmó. Como ejemplo mencionó el mecanismo de obras por impuestos, en el que un contribuyente ejecuta una obra y recibe un descuento tributario bajo determinadas condiciones.
Quiñones insistió en que el análisis de esos beneficios no debería ser general, sino caso por caso, para determinar si existe una contraprestación verificable para el Estado. En su criterio, el gasto tributario colombiano es elevado y su revisión podría ayudar a mejorar el recaudo sin necesidad de crear nuevos impuestos.
El alcance final de estas medidas depende del contenido que tenga el proyecto cuando sea presentado. Sobre ese trámite, el exministro Juan Camilo Restrepo advirtió que el vicepresidente ha mencionado un ajuste fiscal de $70 billones a partir de 2027 y que una radicación en la primera semana de noviembre dejaría poco margen para aprobarlo antes del cierre de la legislatura, previsto para el 16 de diciembre.
Restrepo añadió que el proyecto recaerá sobre el nuevo ministro del interior, a quien corresponderá manejar el debate político en el Congreso. El exministro dijo que la salida de Lara no cayó bien en el Legislativo y puso en duda que el nuevo jefe de esa cartera tenga la experiencia necesaria para conducir la discusión de la “ley rescate”.