El Gobierno enfrenta en el Congreso una carrera contrarreloj para sacar adelante la Ley de Rescate Fiscal, el traslado presupuestal de $1,2 billones para Air-e y varias reformas pendientes antes de terminar 2026. La presión aumentó tras el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027, que quedó definido por decreto y dejó en evidencia las dificultades del Ejecutivo para sostener mayorías legislativas.
La primera gran prueba será la Ley de Rescate Fiscal, que el Gobierno planea radicar en la primera semana de noviembre. La iniciativa busca cubrir un faltante cercano a $45 billones y ordenar el ajuste de las finanzas públicas, en un contexto de sesiones ordinarias limitadas y de acuerdos políticos todavía frágiles en el Capitolio.
Según Orza, al Ejecutivo le quedan nueve semanas de sesiones ordinarias, por lo que no se descarta la convocatoria a extraordinarias si el trámite no avanza a tiempo. El debate también podría extenderse por las discusiones sobre el contenido del proyecto, los impuestos y la distribución del esfuerzo fiscal, temas que exigen nuevos consensos con las bancadas.
Presupuesto, Air-e y más proyectos en fila
La otra prioridad inmediata es el traslado de $1,2 billones para Air-e, que sigue pendiente de primer debate y debe quedar sancionado dentro de la vigencia 2026. Ese trámite coincide con la discusión fiscal y con otras iniciativas en comisiones, lo que estrecha aún más el calendario legislativo del Gobierno.
El punto de quiebre estuvo en el Presupuesto General de la Nación de 2027. Senado y Cámara no conciliaron el artículo 65 del proyecto y, por eso, el Gobierno expidió el presupuesto por decreto por cerca de $634 billones. Con esa decisión también quedaron por fuera las adiciones aprobadas en las plenarias.
Entre los recursos que no quedaron incorporados estaban $3 billones para salud, $6,5 billones para pensiones, $3 billones para subsidios de energía y gas y $700.000 millones para universidades públicas, además de otras asignaciones regionales. Antes del plazo constitucional del 20 de octubre, Congreso y Gobierno habían intentado liberar cerca de $11,4 billones del servicio de la deuda para financiar esas apropiaciones sociales y sectoriales.
El Ejecutivo todavía podría acudir a una ley de adiciones presupuestales, traslados legalmente procedentes o nuevas fuentes de financiación para incluir recursos durante 2027. Pero el apoyo expresado en las plenarias no garantiza que esas partidas terminen vigentes.
La agenda legislativa que sigue
En medio de ese escenario, Alejandro Ordóñez asumió como nuevo interlocutor político del Gobierno tras la salida de Rodrigo Lara. Su llegada abre una nueva etapa en la relación con el Legislativo, con la posibilidad de acercarse al conservatismo, aunque el reto inmediato será recomponer puentes con el resto de partidos.
Además de la Ley de Rescate Fiscal y de los recursos para Air-e, el Gobierno busca avanzar en la Ley de Sometimiento, impulsada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, que ya superó el primer debate en comisiones conjuntas. También está el proyecto de competitividad y antitrámites del Ministerio de Comercio, pendiente de designación de ponencias.
La lista incluye igualmente el Presupuesto de Regalías, el Estatuto del Trabajo, el Código de Tránsito y una reforma a la Consulta Previa. A eso se suma el nuevo ciclo de concertación política y presupuestal que abrirá el Plan Nacional de Desarrollo en febrero de 2027, mientras el reto de corto plazo sigue siendo aprobar la Ley de Rescate Fiscal y resolver el traslado para Air-e dentro de los tiempos del Congreso.