La Agencia Nacional de Tierras (ANT) inspeccionó este 24 de octubre de 2026 el predio Isla Fiesta Cartagena, en las islas del Rosario, luego de encontrarlo con pisos rotos, espacios desmantelados y en avanzado deterioro, una situación que la entidad atribuye a posibles afectaciones ambientales pese a que el inmueble fue recuperado en enero de 2026. La visita, encabezada por la directora Lina María Garrido, abrió nuevos cuestionamientos sobre lo que ocurrió con el bien después de su recuperación y sobre las medidas que se tomaron para protegerlo.
Críticas de la directora a la gestión anterior
Durante el recorrido, Garrido cuestionó el estado en que halló el lugar y señaló que no hubo medidas suficientes para preservar las estructuras ni los elementos que quedaron allí luego de la recuperación. La funcionaria dijo que comparó lo visto con fotografías anteriores y con testimonios de moradores que, según afirmó, mostraban mejores condiciones del predio.
“Lo que no se puede admitir es que la máxima autoridad de tierras de la Nación haya adelantado un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto”, dijo Garrido. También sostuvo: “Hoy encontramos un total desastre y el fracaso de Felipe Harman como director en la administración pasada”.
La directora pidió esclarecer qué ocurrió con el inmueble después de la recuperación y qué medidas se adoptaron para garantizar su conservación. Según la ANT, la inspección busca documentar las condiciones actuales y servir como insumo para establecer en qué circunstancias se produjo el deterioro.
Un caso con origen en un hallazgo de la Contraloría
La recuperación material de Isla Fiesta se hizo en cumplimiento del plan de mejoramiento formulado por la ANT. Ese plan surgió de un hallazgo de la Contraloría General de la República sobre la administración de los baldíos reservados de la Nación en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, en especial los predios con contratos de arrendamiento vencidos.
En este caso, la controversia jurídica involucra a la ANT y al empresario que ocupaba el inmueble como arrendatario. El contrato inicial fijaba un canon de $255.000, que con los incrementos anuales del IPC llegó a $427.000. De acuerdo con la agencia, el empresario fue invitado en tres ocasiones a ofertar y a regularizar la ocupación del predio, pero nunca respondió.
Hoy el caso está bajo estudio de la Corte Constitucional, dentro de asuntos judiciales relacionados con el debido proceso. La ANT también advirtió sobre los riesgos jurídicos y económicos que podría afrontar si una eventual decisión resulta desfavorable.
Garrido cerró su visita asegurando que la entidad seguirá revisando lo ocurrido en Isla Fiesta y defendiendo los recursos públicos. “Vamos a llegar hasta el fondo de lo ocurrido en Isla Fiesta. No podemos permitir que un bien de la Nación termine en estas condiciones sin que se esclarezca qué pasó, quién debía garantizar su protección y si hubo fallas en su cuidado. Los colombianos merecen respuestas y los recursos públicos los vamos a defender”, dijo.
La directora de la ANT está bajo investigación de la Procuraduría por presunta falta de méritos profesionales para ocupar el cargo.