El recorte del presupuesto 2026 por $13,8 billones, oficializado por el Gobierno con el Decreto 1585 del 22 de octubre, abrió un debate entre economistas y congresistas sobre hasta dónde debe llegar la austeridad fiscal. La medida, equivalente al 0,7% del PIB, fue presentada por el Ministerio de Hacienda como un paso inicial de su plan de rescate fiscal y como parte del ajuste de las finanzas públicas en Colombia.
Respaldo desde Anif y llamado a profundizar el ajuste
José Ignacio López, presidente de Anif, respaldó la decisión y la calificó como una señal positiva para contener el gasto estatal. Según dijo en X, de una autorización por $21,9 billones, el recorte final fue de $13,8 billones, de los cuales $4 billones corresponden a menor servicio de deuda.
López afirmó que “el Gobierno debe seguir priorizando la austeridad y la eficiencia del gasto, como parte esencial de la estrategia para hacer sostenibles las finanzas públicas”. También sostuvo que habría sido deseable “un esfuerzo mayor hacia finales de año” y comparó la magnitud del ajuste con un aumento de la tarifa general del IVA del 19% al 23%.
Desde el Ministerio de Hacienda, el viceministro técnico Juan Sebastián Betancur defendió la decisión como uno de los primeros pasos del rescate fiscal. En su mensaje en X, describió la jornada como una “semana de buenas decisiones de hacienda pública nacional” e incluyó, además del recorte, el segundo canje de deuda y la expedición del Presupuesto General de la Nación para 2027.
Críticas por el peso del recorte en inversión
No todas las reacciones fueron favorables. El senador Juan Caicedo dijo que el decreto le genera “enorme preocupación” por el peso que tendría la reducción sobre la inversión pública. Según su revisión, el ajuste incluye $5,92 billones en inversión, equivalentes al 42,8% del total, y $1,85 billones en gastos de funcionamiento, que representan el 13,4%.
Caicedo celebró la reducción en funcionamiento, a la que llamó “un buen comienzo”, pero insistió en que “la apretada de cinturón debe recaer en el funcionamiento mayoritariamente, no en la inversión”. También recordó la propuesta del Centro Democrático para bajar en al menos 2% del PIB los gastos de funcionamiento, cifra que estimó en $40 billones.
Para el congresista, la inversión pública debe protegerse porque impulsa proyectos, crecimiento económico y acciones para superar la pobreza. En ese sentido, cuestionó la relación entre ambos rubros dentro del presupuesto y afirmó que “por cada peso en inversión hay 4.5 en funcionamiento. Esto tiene que cambiar”.
El propio Gobierno puso otras cifras sobre la mesa al presentar el ajuste: reducciones aproximadas de $6,8 billones en inversión, $3 billones en funcionamiento y $4 billones en servicio de la deuda. Betancur dijo que el recorte de 2026 “marca el inicio del rescate fiscal”, mientras Hacienda sigue vinculando esta decisión con la administración de la deuda y con la definición del presupuesto de 2027, aprobado por decreto en $634,9 billones después de que no se conciliaran los textos del Senado y la Cámara.
Con información de Portafolio.