La justicia de Ecuador ordenó prisión preventiva contra la excandidata presidencial Luisa González, en un caso por presunto lavado de activos ligado al financiamiento de su campaña electoral de 2023, informó la Fiscalía. La decisión se conoció este viernes y la opositora, de 48 años, había sido detenida la víspera para una audiencia de formulación de cargos en medio de la investigación sobre el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.
Un juez acogió la solicitud de la Fiscalía y dispuso que González permanezca detenida mientras avanza el proceso, sin detallar públicamente las razones de la medida. La dirigente de izquierda, que disputó la presidencia con Daniel Noboa en las elecciones anticipadas de 2023 y nuevamente en 2025, se declaró “perseguida política” del gobierno derechista, según un audio difundido en sus redes sociales.
En esa grabación, González dijo que estaba dispuesta a “colaborar con la justicia” y a la vez a “exigir un trato justo”. También afirmó ante el juez que era “la segunda vez” que la allanaban y sostuvo que, desde un operativo del 28 de enero, había salido varias veces del país y regresado en todas las ocasiones.
El caso y sus implicaciones políticas
La excandidata pertenece a Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y vive en Bélgica, donde mantiene un autoexilio. González perdió frente a Noboa en dos vueltas presidenciales: en 2023 obtuvo el 48% de los votos y en 2025 cayó por unos 11 puntos de diferencia.
Human Rights Watch dijo que sigue “con preocupación” el caso, en medio de “un proceso electoral marcado por el cambio de fecha y la cancelación y suspensión de partidos”. Ese contexto ha mantenido a González en el centro de la disputa política, especialmente porque su nombre volvió a aparecer en la antesala de nuevos comicios locales y provinciales.
Este año, Revolución Ciudadana fue inhabilitada por una investigación por presunto lavado de activos y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre. González aspiraba a la prefectura de Manabí, pero tampoco logró presentarse a esos comicios, pese a que pidió el auspicio de otro partido; el oficialista ADN y el derechista Creo objetaron su candidatura y un tribunal electoral falló en su contra.
En el denominado caso Laberinto, la Fiscalía investiga el origen de recursos destinados a financiar la campaña presidencial de 2023. José Julio Neira, secretario general de la Administración y mano derecha de Noboa, afirmó en un video que la hipótesis del ente acusador “apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela” para financiar esa campaña.
Neira también señaló que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus empresas están involucrados en la trama. Álvarez fue condenado por comercialización ilegal de combustible subsidiado y por retirarse un dispositivo electrónico de vigilancia.
En una carta difundida en sus redes sociales, González aseguró que enfrenta 19 procesos judiciales y llamó a sus simpatizantes a rechazar a los candidatos del partido oficialista en los próximos comicios. “Esta dictadura basada en odio, destrucción y persecución se acerca a su ocaso”, escribió.
La medida de prisión preventiva deja ahora a González a la espera de que avance la investigación sobre el presunto lavado de activos y el destino de los recursos usados en su campaña de 2023.
Con información de El Tiempo.