El Senado de Perú aprobó recientemente una medida que otorga a la presidenta Keiko Fujimori el poder de dictar leyes anticrimen sin la necesidad de pasar por el Legislativo. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública en el país, que enfrenta un aumento significativo en los casos de homicidios y extorsiones. La votación se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026 en la sede del Senado, en Lima.
La crisis de seguridad en Perú ha sido objeto de debate, pues muchos ciudadanos manifiestan su descontento por la rápida escalada en la delincuencia. En este escenario, la administración de Fujimori busca implementar medidas más efectivas contra el crimen, apelando a la urgencia de la situación. La aprobación se ha dado tras un intenso debate sobre el papel del Legislativo y la necesidad de actuar prontamente.
Al otorgar estos poderes especiales a la presidenta, el Senado ha generado reacciones mixtas entre la población y analistas. Algunos consideran que es una herramienta necesaria para enfrentar la inseguridad, mientras que otros advierten sobre los peligros de concentrar tanto poder en la figura presidencial. Esta decisión marca un capítulo importante en la gestión presidencial de Fujimori y en la dinámica política del país.